Límites legales y estrategias de defensa
En el ejercicio de la abogacía, la integridad profesional no solo se refleja en la manera en que se litiga o se asesora, sino también en el respeto hacia los colegas y el entorno jurídico. Sin embargo, en tiempos recientes se han incrementado los casos de competencia desleal, amenazas veladas y actos de difamación realizados a través de medios digitales con la intención de desprestigiar injustamente a otros profesionales.
La legislación mexicana contempla diversos mecanismos para hacer frente a estas conductas. El Artículo 1916 del Código Civil Federal establece la figura del daño moral, entendida como la afectación a la honra, reputación o vida privada de una persona. Asimismo, el Artículo 209 del Código Penal Federal tipifica el delito de amenazas, mientras que el Artículo 350 sanciona penalmente la difamación en ciertas entidades.
Además, las acciones encaminadas a difundir información falsa o descontextualizada, con fines de perjudicar la imagen profesional de un abogado, pueden constituir no solo una violación ética, sino también un acto jurídicamente reprochable, susceptible de ser perseguido por la vía penal o civil.
En mi ejercicio profesional, he tenido conocimiento de casos en los que competidores han difundido páginas falsas, creado perfiles anónimos y publicado contenido malicioso con la única finalidad de afectar la reputación profesional de colegas. Ante tales conductas, es indispensable actuar jurídicamente con determinación.
La respuesta debe incluir desde la presentación de denuncias penales por amenazas o revelación indebida de información, hasta demandas por daño moral. La documentación oportuna, los dictámenes periciales en informática y la asesoría legal adecuada permiten construir casos sólidos que no solo frenan la conducta, sino que sientan precedente.
En Orduña & Asociados creemos firmemente que el respeto entre profesionales del derecho no es opcional: es la base del Estado de Derecho. Cuando ese respeto es vulnerado por actos cobardes o dolosos, defenderse no es una reacción emocional: es una obligación jurídica y ética.
Invitamos a quienes atraviesen situaciones similares —difamación, competencia desleal, amenazas, publicación de información falsa o descontextualizada— a buscar asesoría legal profesional. No se debe normalizar la violencia digital en el ámbito jurídico.
Carlos Orduña Trujillo
Abogado penalista – CDMX
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